Hace un mes saltó la noticia: Blablacar denunciaba a la Comunidad de Madrid a la Comisión Europea por las multas que impusieron a dos usuarios de la plataforma. La Comunidad de Madrid aludió al ánimo de lucro para abrir el expediente sin tener una titulación adecuada y Blablacar lo negó. Un barullo legal que promete nuevos episodios próximamente. El debate de fondo: ¿qué hay de las compañías que ofrecen servicios de coche compartido a los usuarios?
El diario El Confidencial hizo un buen resumen de la situación de las tres principales plataformas: Uber, Blablacar y Cabify. Las tres se encontraron con denuncias provenientes de alguna asociación del sector de la automoción.
La polémica enfrenta diferentes opiniones, pues se pueden encontrar a los que defienden a los diferentes gremios de trabajadores afectados reclamando medidas de protección, los que apuestan por una libre competencia entre compañías y luego los que aluden que lo que importa, finalmente, es la seguridad y condiciones con la que viajan los usuarios o clientes. Y en medio, las instituciones que tienen que mediar en un asunto muy complejo con lecturas muy diferenciadas.
Incluso existen otros dos debates abiertos al margen de los intereses corporativos: La adaptación del mercado laboral a las nuevas tecnologías, es decir, cómo es capaz de articularse para dar respuestas a las nuevas realidades en el mundo del motor. Y por último, la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Ciudades con una baja calidad del aire y una boina de contaminación evidente desvelan la necesaria implicación de la cuestión ambiental en la ecuación de los nuevos métodos de transporte.
Un debate en el que el usuario debe tener una voz preponderante, pues sólo así se detectaran las necesidades de los clientes y qué respuestas pueden articular plataformas, empresas e instituciones.
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